Hay días en donde los cambios parecen suceder más rápido que otros. Esto es normal para los tiempos en los que vivimos. Los lanzamientos de los últimos meses hacen que empecemos a pensar en robots que puedan realizar algunas tareas cotidianas de cada familia. Parece ciencia ficción, pero es una realidad de muy corto plazo. En el caso de Chile, los ciudadanos estamos acostumbrados a experimentar grandes cambios en poco tiempo. El lector sabe que internet es una fuente inagotable de beneficios en las comunicaciones, entretenimiento y ocio. También ha generado millones de nuevos trabajos en todo el mundo. Pero cualquier persona que navega por internet, sabe que la velocidad de estos cambios es global, lejos de lo que puede suceder en un lejano país del sur de América.
Es por eso que muchas veces estos cambios no suelen ser captados por las legislaciones locales, lo que puede generar problemas. En términos futbolísticos, es como cuando un réferi decide suspender un partido cuando todos los espectadores ya vimos hace rato que la cancha está fangosa por la lluvia y que así no se puede jugar. ¿Por qué falla esta percepción de algo que todos vemos? La tecnología puede abrir muchas compuertas, pero es importante que los legisladores estén atentos del agua que fluye. La legislación chilena parece adormecida, permitiendo que un mercado gigantesco funcione sin ninguna regulación, provocando problemas en las personas.
Uno de los grandes impulsores locales de este mercado ha sido el amor incondicional del aficionado chileno por el fútbol. El fútbol es una pasión de multitudes. Y durante mucho tiempo fue la vitrina perfecta. 15 de 16 clubes de Primera División llegaron a llevar orgullosos el logo de empresas de casas de apuestas. Pero aquí había un vacío legal que ponía en riesgo no solo a la actividad, sino a los propios jugadores. También dejó ‘patos’ a las arcas fiscales, perdiendo cientos de millones de pesos en impuestos.
Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo podemos encontrar un marco legal seguro para todos? Aquí hay que volver a marcar los límites de la cancha y transformar el caos en una industria fiscalizada y responsable. Pero los aficionados chilenos siempre están mucho más despiertos. Es por eso que encontraron soluciones alternativas que les ofrece el mercado para este punto. Es por eso que Chilebets.com se ha establecido como la principal autoridad para aquellos que buscan encontrar sitios de apuestas seguros y regulados según la legislación internacional. La solución la dio esta vez el mercado y no la legislación estatal.
Un partido que se jugó al límite bajo el entramado legislativo chileno
Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Volvamos atrás en el tiempo. Lo primero que movilizó a los clubes de fútbol fue la necesidad. Aquí hace falta mucha plata para funcionar, traer refuerzos, mantener instalaciones deportivas y pagar salarios. Fue así cómo la mayoría de los clubes de primera división en el país celebraron acuerdos multimillonarios con operadores internacionales que hasta hace poco operaban sin ninguna licencia local formal. Este auspicio masivo fue un verdadero ‘salvavidas’ para los problemas económicos y permitió el desembarco de una actividad que no estaba regulada por la ley chilena. Según la norma de nuestro país, los juegos de azar solo están permitidos para las apuestas hípicas, la Lotería de Concepción, la Polla chilena de beneficencia y los 22 casinos de juego físicos.
En este momento aparece un actor clave y que muchos ven con sus luces y sombras. Estamos hablando del argentino Fernando Felicevich. Reconocido por representar a estelares jugadores de la Roja, como Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, su empresa tuvo una participación decisiva en la negociación de patrocinios para al menos cuatro clubes nacionales.
Un conflicto de intereses que puso en duda todo el sistema y trajo más problemas que soluciones
La intermediación de Fernando Felicevich generó ruido en el mercado, principalmente por un conflicto de intereses, debido a que estaba representando a más de 150 jugadores profesionales, mientras su empresa facilitaba la entrada de casas de apuestas que lucran precisamente con los resultados.
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Este esquema levantó inmediatamente las alarmas de las autoridades deportivas. En 2023, tras una orden gubernamental que aceptó este conflicto de intereses, se obligó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a poner fin a los acuerdos comerciales. La Fiscalía y diputados como Roberto Arroyo pidieron cuentas a dirigentes de la ANFP y clubes por no colaborar con la entrega de documentos sobre estos contratos.
Un tribunal que terminó haciendo el trabajo que no hacían los legisladores
Mientras tanto, la legislación seguía durmiendo el ‘sueño de los justos’. Esto tuvo consecuencias directas para los operadores de juego tradicionales, que sí estaban regulados por la ley. Estos actores, como la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia, que entregan sus utilidades a instituciones de educación superior o al erario estatal, comenzaron a ver un descenso progresivo en sus ventas.
La caída en las ventas de los productos de juego tradicionales no fue en vano. Estos operadores formales no se quedaron de brazos cruzados y, con la lógica de que ‘si el río suena es porque piedras trae’, iniciaron una ofensiva legal para proteger su mercado de la competencia desleal de los sitios online que no pagan impuestos ni cumplen requisitos.
Un mercado en ascenso en el mundo a la espera de un marco regulatorio claro
Para entender la urgencia con la que el Congreso ha tomado el debate regulatorio, es crucial examinar las cifras que definen el mercado que operaba en la sombra. Los datos presentados por la firma especializada Yield Sec en el Senado en 2024 desvelaron el verdadero monstruo financiero que se había creado: el mercado chileno de juego online cerró el año con unos ingresos estimados de 3.100 millones de dólares.
Esta cifra está respaldada por una base de usuarios masiva. Según los datos de Yield Sec, más de 5.4 millones de personas, lo que equivale a cerca del 30 por ciento de la población nacional, han interactuado con plataformas de apuestas online en 2024. Este volumen de negocio, que supera con creces las estimaciones más modestas de la SCJ, demuestra la profundidad de la penetración digital en el país.
Un costo millonario que afecta a las arcas del estado
El hecho de que un flujo de dinero de tal magnitud haya operado casi sin fiscalización durante años implica que Chile ha dejado de ‘sacarle el jugo’ a una industria multimillonaria. Según estimaciones de los representantes de las plataformas de juego, una vez que la industria se formalice, la recaudación fiscal potencial superaría los 800 millones de dólares al año. Esta pérdida de recursos, que podrían ir destinados al desarrollo social o a la financiación de instituciones educativas, fue uno de los principales motores para que el gobierno ingresara al Congreso el proyecto de ley en 2022.
El contraste con el juego físico legal es notorio. El auge digital ha impactado al juego tradicional. Los datos del primer trimestre de 2024 revelaron un descenso en las ventas de lotería y productos de juego tradicionales, registrando una baja interanual del 4% en ingresos y un preocupante 15% en ingresos netos. Los jugadores están migrando hacia alternativas digitales, móviles y personalizadas, aprovechando que los operadores online ofrecen mayor variedad y promociones más atractivas. Es importante destacar que estas plataformas son legales y cuentan con autorización de otros países que tienen una legislación más clara.
Los impuestos y las tasas, algo que tiene que resolverse de forma justa
El proyecto de ley que busca regular el desarrollo de plataformas de apuestas online (Boletín N° 14838-03) ha avanzado con suma urgencia en el Senado, aprobándose en general en agosto de 2025. El objetivo central es doble: darles un marco seguro a los jugadores y generar condiciones que permitan un mercado competitivo que contribuya a la recaudación fiscal.
El debate más candente en la Comisión de Hacienda se centró en la carga impositiva. La legislación propone establecer un impuesto especial sobre los ingresos brutos de los operadores, además de aplicar impuestos generales como el 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La Subsecretaría de Hacienda ha defendido la propuesta tributaria, argumentando que, al realizar un ejercicio con información pública de los estados financieros de grandes empresas globales, la carga tributaria total, incluyendo el 19% de IVA, no superaría el 28%. Sin embargo, la industria, representada por agrupaciones de plataformas, ha citado cifras que hablan de una carga más alta, cercana al 37.6% en el proyecto original.
Aquí es donde entra en juego el dicho popular en Chile: ‘según el sapo, la pedrada’. La ‘pedrada’ es la carga impositiva. Si esta es demasiado grande, los ‘sapos’ (los grandes operadores internacionales) podrían optar por no solicitar licencias formales en Chile. En lugar de formalizarse, continuarían sus operaciones desde el extranjero, aprovechando la naturaleza fronteriza del internet de marcos regulatorios más benignos. Esto anularía el objetivo de la ley, dejando a Chile con una normativa sin fiscalización real y sin recaudar los $800 millones estimados.
El equilibrio regulatorio es una línea muy delgada. El país debe encontrar un punto medio que sea suficientemente atractivo para que los operadores se legalicen, garantizando una recaudación fiscal significativa, pero sin imponer tasas prohibitivas que promuevan la persistencia del mercado negro. La necesidad de regulación chilena también se basa en no quedarse atrás respecto a la región. Chile mira a vecinos como Colombia, Perú y Brasil, donde la industria está regulada o ha hecho grandes avances para encontrarle la vuelta a esta situación.
Llegó la hora de que ‘Chile se ponga los pantalones largos’
El proceso de adaptación del marco digital chileno para las licencias de juego online ha sido, en esencia, una reacción forzada a la realidad económica y social del país. La legislación, que durante décadas solo autorizaba juegos tradicionales, fue sobrepasada por la tecnología, obligando al sistema a legislar bajo la presión judicial y las críticas de los operadores que pagaban fortunas a las arcas del estado.
Chile se encuentra hoy en la encrucijada final, donde la nueva legislación tiene que garantizar tres pilares fundamentales de manera simultánea: la protección al jugador, la integridad deportiva, y la recaudación fiscal de los miles de millones de dólares. Mientras tanto, algunos sitios hacen esa tarea ofreciéndole al usuario la posibilidad de seguir jugando de forma segura.
Se trata de un gran desafío legislativo para la Superintendencia de Casinos de Juego y para las autoridades en la efectiva fiscalización de cientos de operadores que hoy actúan de manera difusa. Solo un marco legal robusto, transparente y con una fiscalización sin ‘pelos en la lengua’ permitirá a Chile transformar el complejo entramado de licencias en una industria formal que verdaderamente beneficie a todos los chilenos.
